15 de Noviembre del 2007
Pueblo Dominicano:
Al culminar nuestro primer período de gobierno en el año 2000, advertí que la principal amenaza que se cernía en el horizonte para el futuro desarrollo de la República Dominicana era el alza constante de los precios del petróleo; y, en efecto, así ha acontecido.
Durante el transcurso de este año 2007, los precios se han elevado en más de un 80 por ciento con respecto a los que prevalecían el año anterior, y la tendencia no parece detenerse.
En el año de 1989, los precios del petróleo se encontraban en apenas 15 dólares el barril, y no fue sino como consecuencia de la Primera Guerra del Golfo Pérsico, a finales de 1990 y principios de 1991, que subió a 40 dólares el barril.
Luego de la culminación de ese conflicto bélico, los precios del crudo volvieron a colocarse por debajo de los 20 dólares el barril durante el resto de la década de los noventa; y en 1998, debido a la llamada Crisis Asiática, que desaceleró el crecimiento de la economía mundial, los precios se desplomaron hasta llegar a alcanzar tan sólo 10 dólares con cuarenta y seis centavos el barril.
Todo parece indicar que ese fue el último momento luminoso de la historia reciente en que pudimos hablar de petróleo barato.
Hace cuatro años, antes del inicio de la Segunda Guerra del Golfo, la de la ocupación de los Estados Unidos sobre Irak, el barril de crudo de petróleo se cotizaba a menos de 25 dólares. Dos años después, en el 2005, el precio del barril se había más que duplicado hasta los 60 dólares.
Entre los meses de mayo y septiembre de este año, el precio estuvo entre los 60 y los 80 dólares el barril; pero a partir de octubre ha intensificado la tendencia al alza, llegando a establecerse el precio del West Texas Intermediate, que es el que sirve de referencia en el mercado de los Estados Unidos, en un nivel sin precedentes de 96 dólares el barril.
¿Cómo afecta esa situación la economía de la República Dominicana?
En nuestro país, el consumo de petróleo es alrededor de 140 mil barriles diarios, o 4 millones 200 mil barriles mensuales. La totalidad de ese petróleo y sus derivados es importado, lo que significa que debido al alza registrada en los precios a lo largo del año, la factura de octubre habrá sido alrededor de 123 millones de dólares más cara que la que pagamos por la importación de ese mismo tipo de productos en el mes de enero.
Para analizar esto en una perspectiva más amplia, debemos indicar que al concluir el año 2007, la factura petrolera, que es el pago anual por consumo de combustibles que hacemos los dominicanos, será 412 millones de dólares más cara que la del año 2006.
Se estima que el pago de esa factura petrolera superará este año los 3 mil 200 millones de dólares, lo que equivale a decir que alrededor de uno de cada tres dólares que importamos lo será en petróleo y derivados.
Como consecuencia de esa tendencia al alza de los precios del petróleo en los mercados internacionales, en los últimos tres años, desde el 2005 hasta el 2007, la factura petrolera pagada por el país habrá ascendido a 8 mil 438 millones de dólares, casi el doble que los 4 mil 380 millones pagados por ese mismo concepto en los tres años previos, del 2002 al 2004.
Afortunadamente, debido a la aplicación de políticas públicas coherentes, a la confianza prevaleciente en los agentes económicos y a la estabilidad relativa de la tasa de cambio, el impacto ocasionado por el incremento de los precios del petróleo y sus derivados, ha podido ser mitigado en el mercado local.
Por supuesto, hay que comprender lo difícil y doloroso que resulta para las familias y las empresas el alto precio que se tiene que costear hoy en día para consumir un galón de combustible, pagar por un servicio de transporte público o de carga, asumir la tarifa del servicio eléctrico o adquirir un boleto de avión.
Es, en verdad, un momento de grandes contrariedades y adversidades por las que, en estos momentos, como nación, atravesamos, debido a la calamidad de esta alza incontrolable de los precios del petróleo.
No obstante, estoy convencido, firmemente convencido, de que con inteligencia, laboriosidad y disciplina, así como con la gracia y protección de Dios, superaremos también este momento de infortunio.
Ahora bien, ¿qué está ocurriendo en el mundo para que el petróleo haya subido tanto de precio y se encuentre a niveles tales que se estima puede llegar a cotizarse hasta a 100 dólares el barril?
En realidad, varios factores lo explican. En primer lugar, está el hecho de que mientras el petróleo se ha convertido en un bien cada vez más escaso, su demanda en el mercado mundial ha seguido creciendo, especialmente por parte de Estados Unidos, China e India.
Pero, además, se encuentra la circunstancia de que mientras sus precios se mantuvieron relativamente bajos y estables, durante la década de los noventa, no se produjo suficiente estímulo económico para las grandes empresas invertir en la construcción de nuevas refinerías, lo que actualmente limita la capacidad de colocación del crudo en los mercados internacionales.
Los conflictos geopolíticos también crean tensión e incertidumbre en los mercados, esencialmente por la descomposición de la situación en Irak, poseedor del 10 por ciento de las reservas petroleras del mundo, la creciente pérdida de control en Afganistán, la persistencia y crecimiento de las confrontaciones entre Irán y los Estados Unidos, el recrudecimiento de la ola de secuestros en la región petrolífera de Nigeria, en Africa, y el agravamiento de la lucha entre Turquía y los rebeldes kurdos en el Norte de Irak.
Por otra parte, hay que tomar en consideración el debilitamiento del valor del dólar norteamericano con relación al euro y otras monedas, así como al carácter especulativo que tiene la compra de contratos a futuro en las bolsas de valores, todo lo cual contribuye, de manera artificial, a generar nuevas alzas en los precios del llamado oro negro.
¿Qué debemos y podemos hacer nosotros, Gobierno y sociedad, en la República Dominicana, para protegernos de los altos precios de los combustibles en los mercados internacionales?
Hasta ahora, el único programa que nos ha permitido atenuar, de alguna manera, el impacto de la escalada alcista de los precios del petróleo ha sido PetroCaribe, el cual constituye una iniciativa generosa y solidaria del gobierno del presidente Hugo Chávez, de Venezuela.
En base a ese programa, la República Dominicana dispone de la posibilidad de importar hasta 50 mil barriles diarios, pagando de inmediato sólo el 60 por ciento de la factura de importación y trasladando para el largo plazo y a bajos intereses el pago del 40 por ciento restante.
Pero resulta que, a decir verdad, el país nunca ha podido beneficiarse plenamente de ese programa de PetroCaribe, ya que de los 50 mil barriles diarios a que tiene derecho, sólo ha podido importar un máximo de 35 mil barriles.
¿A qué se debe esa situación?
A nuestro modo de ver, a que el Estado dominicano no es dueño único de la Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA), y al no serlo, no siempre se produce una relación armónica entre los intereses comerciales que allí se suscitan y el interés nacional.
No estamos indicando que la Shell, que es el socio que ha compartido con el Estado dominicano el 50 por ciento de las acciones desde que la empresa fuese creada haya sido un mal socio.
Por el contrario, conforme a mi experiencia, podríamos decir que, en términos generales, ha sido, a lo largo del tiempo, un socio confiable y respetuoso del Estado dominicano.
Pero, al poner la Shell en venta el total de sus acciones en la Refinería Dominicana de Petróleo, y tomando en consideración la crisis energética mundial que actualmente predomina, lo más conveniente a los fines del interés nacional es que el Estado dominicano adquiera esas acciones y pase a tener el pleno control de las actividades de la empresa.
Con el propósito de viabilizar esta operación de compra de las acciones de la Shell en la Refinería Dominicana de Petróleo, por parte del Estado dominicano, le solicito al Secretario de Estado de Hacienda, Licenciado Vicente Bengoa, proceder a tomar las medidas de lugar.
En el mismo tenor, para enfrentar con políticas eficaces el impacto de los precios del petróleo y sus derivados en la economía nacional, la Comisión Nacional de Energía, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio y la Secretaría de Economía, Planificación y Desarrollo, luego de un exhaustivo análisis, han diseñado un conjunto de medidas, de corto, mediano y largo plazo, cuya finalidad consiste en promover el ahorro y uso racional de energía en el país.
Entre esas medidas se encuentran, en primer lugar, las referidas, precisamente, al programa de uso racional de energía y fomento a la eficiencia energética en los sectores público y privado.
A pesar de que existe una ley que obliga a todas las dependencias del Estado a utilizar iluminación eficiente, se observa que en ninguna de las nuevas construcciones y remodelaciones de escuelas, hospitales y edificios de la administración pública se cumple con esa disposición.
En tal virtud, instruyo al Secretario Administrativo de la Presidencia, Licenciado Luis Manuel Bonnetti, para que integre, active o fortalezca en cada institución del Estado, el respectivo Comité Institucional de Uso Racional de Energía (CIURE), cuya función será la de fomentar las buenas prácticas de ahorro y eficiencia energética en las áreas de iluminación, climatización y calidad de la red eléctrica en los edificios públicos.
En lo que respecta al sector privado, se brindará asesoría y asistencia técnica gratuita, y se concederán facilidades tributarias para la adquisición e instalación de equipos eficientes en el uso de la energía eléctrica en las empresas y hogares del país.
En segundo lugar, se procederá a la ejecución de un programa de instalación de semáforos sincronizados en las ciudades de Santo Domingo y Santiago.
El objetivo de ese proyecto es agilizar el tránsito vehicular, para lo cual se hará un cambio de tecnología incandescente por luz fría (LED). Se instalarán cronómetros, cámaras de vigilancia y baterías que permitirán el funcionamiento continuo para facilitar una mayor fluidez del tránsito de vehículos.
La meta inmediata será 750 semáforos inteligentes al cierre del 2008.
Se considera que con la aplicación de ese plan se producirá un ahorro de 28 mil 575 barriles de petróleo al año, o lo que es lo mismo, 60 millones de galones de combustible vehicular.
De igual manera, habrá un plan de desarrollo y gestión de ordenamiento vial, que incluye las mejoras en las intersecciones críticas, tales como, pasos a desnivel, túneles, puentes; ampliaciones y prolongaciones de vías con mayor demanda de transporte; rediseños de vías de acceso y desahogo; y cambios en los patrones de circulación vial.
Se ejecutará un programa de reestructuración de las rutas de transporte urbano, de construcción de terminales interurbanas que evite la penetración de autobuses y minibases al centro de la ciudad, de establecimiento de carriles exclusivos en las principales vías de circulación de las ciudades y una transformación de la flota de vehículos, mediante un financiamiento a los que se acojan al consumo eficiente de combustible.
A través de la Oficina para la Regulación del Transporte (OPRET), se pondrá en funcionamiento la Escuela de Formación de Choferes.
En tercer lugar, se dará impulso al desarrollo del mercado de gas natural en el transporte público y privado.
En base a ese programa, se procederá, en principio, al cambio de uso de gas natural de 80 autobuses de la OMSA que actualmente utilizan gas oil; la conversión, igualmente, a gas natural de 2000 vehículos de concho que actualmente usan GLP; y la conversión a gas natural de otros 400 vehículos de la Policía y el Ejército Nacional.
La realización de este programa implicará la aplicación de un mecanismo de financiamiento a través del Fondo para el Desarrollo del Transporte (FONDET), así como la instalación de surtidores de gas natural por parte del sector privado vinculado a ese tipo de actividad.
El Gobierno otorgará facilidades aduanales a la importación de equipos de conversión a gas natural vehicular.
Es un criterio generalizado entre técnicos y especialistas el que con el tiempo el gas natural vehicular será el combustible preferido en el área del transporte, debido a que es el más barato, incluso más barato que el GLP, y el que menos contamina al medio ambiente.
Por otra parte, se aplicarán medidas orientadas a la focalización del subsidio al gas licuado de petróleo a los hogares y al transporte público.
Desafortunadamente, en la actualidad, de los 29 millones de galones de GLP subsidiado que se consumen mensualmente en el país, únicamente 13.9 millones, es decir, el 48 por ciento, es utilizado por los hogares.
Los 15.1 millones restantes, esto es, el 52 por ciento, es empleado en el transporte.
Lo alarmante es que de esos 15 millones de galones de GLP, 12.6 millones es consumido por vehículos privados, incluidos las jeepetas y los Mercedes Benz, y sólo 2.5 millones es utilizado por el transporte público.
Para corregir esa distorsión el gobierno se propone introducir un dispositivo electrónico o chip en los vehículos públicos para que puedan ser los únicos beneficiarios del uso del GLP subsidiado, conjuntamente, por supuesto, con las residencias familiares.
Con el ahorro generado por la focalización del subsidio al GLP, el gobierno se propone establecer un subsidio transitorio al consumo de gasoil para transporte de carga y transporte urbano e interurbano, hasta tanto se avance en la transformación y adecuación de la flota de vehículos para el uso de gas natural o biodiesel.
El propósito de ese subsidio será el de mantener estables las tarifas de carga y el pasaje del transporte de pasajero.
En adición a esto, instruimos al Ingeniero Diadino Peña, en su condición de Director de la OPRET, para que avance en la aplicación del plan de subsidio del transporte a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Ese plan consistirá en la instalación de un programa de software en los autobuses, carros de concho y el Metro de Santo Domingo, que registrarán el uso de las tarjetas que utilizarán los estudiantes en el disfrute de este servicio.
Al final de cada mes, los choferes podrán solicitar el pago del 50 por ciento de subsidio por cada estudiante ante el Banco de Reservas. La única condición para que el estudiante mantenga su derecho al uso del subsidio es que sus notas no desciendan de 70 puntos, lo cual será también un estímulo para una mayor aplicación y consagración a los estudios.
En una etapa posterior, el Gobierno contempla extender, también, el uso del subsidio del transporte público a los envejecientes y a los discapacitados de nuestra sociedad.
En quinto lugar, el Gobierno procederá a retomar el programa de ahorro de combustible, no utilizando los vehículos oficiales durante los sábados, domingos y días feriados, salvo los casos excepcionales previamente autorizados.
En una medida para descongestionar el tránsito vehicular, los carros del transporte público trabajarán interdiario, y no se permitirá que personas ajenas a este servicio, es decir, los llamados carros piratas, intervengan en el transporte público de pasajeros.
En sexto lugar, habrá una campaña integral de concientización ciudadana en materia energética, la cual promoverá las buenas prácticas y uso eficiente de energía.
De igual manera, habrá un impulso al desarrollo de las energías renovables y de los biocombustibles.
A tales fines, se procederá a la promulgación del Reglamento de la Ley 57-07 de Incentivo a las Energías Renovales y Regímenes Especiales; a la realización de un inventario de los proyectos en curso de biocombustibles, tales como etanol, biodiesel, energía solar, eólica y mini hidroeléctricas, para facilitar y agilizar su ejecución; y a la elaboración de un mapa georeferenciado que identifique las superficies agrícolas hábiles para estos programas.
En el marco de las medidas que ha de asumir el Gobierno en procura de colocar al país en condiciones de enfrentar los efectos del alza desmesurada de los precios internacionales del petróleo, jugará un papel preponderante la explotación comercial de la primera línea del Metro de Santo Domingo.
Conforme a estimaciones previstas, un total aproximado de 75 millones de pasajeros se trasladarán cada año desde y hacia sus destinos de trabajo, movidos por trenes con capacidad para 700 pasajeros por unidad.
Esos trenes operarán en base a energía eléctrica, por vías elevadas y soterradas, sin obstruir la circulación en las vías superficiales existentes.
La próxima y oportuna entrada en operación del Metro de Santo Domingo será un acontecimiento histórico que contribuirá a un reordenamiento de nuestra flota vehicular, a un descongestionamiento del tráfico y a una significativa reducción del uso de combustibles fósiles y emisiones de carbono.
Para garantizar la aplicación de las medidas que hemos anunciado esta noche, se procede a la integración de un Comité de Monitoreo y Seguimiento, el cual estará conformado por la Secretaría Administrativa de la Presidencia, la Secretaría de Estado de Hacienda, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, la Secretaría de Economía, Planificación y Desarrollo, la Comisión Nacional de Energía, la OPRET, la OMSA y AMET.
A pesar de la crisis energética mundial, albergamos la esperanza de que la ejecución de estas medidas traiga alivio a la población dominicana y sirvan para ver con mayor optimismo los grandes retos del futuro.
Muchas Gracias.
Buenas Noches.
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