Señor presidente
Señores jefe de Estado y de Gobierno
Señoras y señores
La iniciativa de convocar a esta Cumbre no pudo ser más certera y promisoria, por cuanto este acontecimiento se proyecta como una fructífera reflexión de la conciencia universal en torno a sus objetivos frente a los retos y exigencias de este nuevo milenio. Y esto así, porque deliberar acerca de la función de las Naciones Unidas en el siglo XXI significa definir las expectativas que en el orden internacional deben tratar de culminar los gobiernos en un mundo que enfatiza, cada vez con más fuerza, la necesidad de que la práctica de determinados valores contribuya a una efectiva solidaridad entre todos los pueblos de la tierra.
Al Secretario General de esta prestigiosa organización debemos todos los jefes de Gobierno agradecer este encuentro, esta oportunidad para deliberar sobre los temas compendiados de manera sustancial en el informe que presenta esta Cumbre del Milenio.
Hace apenas unos días, el 16 de agosto del presente año, hemos tenido el honor de ser investido como Presidente Constitucional de la República Dominicana. Venimos, pues, a este magno acontecimiento, a exponer, en muy breves palabras, algunos de los propósitos y esperanza del pueblo dominicano.
La dignidad del ser humano, la igualdad de derechos de hombres y mujeres, el progreso social para mejorar las condiciones de vida, la eliminación de la pobreza, la vida sin temores y en paz, resumen esos propósitos y esas esperanzas.
Estos principios constituyen el marco general en el que se expresa la voluntad del Gobierno dominicano, decidido a lograr en nuestro país todo este proceso globalizador, que se está mundializando en todas sus manifestaciones culturales del hombre, que es característica de este nuevo milenio, para que se exprese con un sincero rostro humano.
Inmersos en la globalización y en la economía de mercado, no abandonaremos nunca la exigencia de equidad y de justicia social que se derivan de esos propósitos y de esas esperanzas.
Para que el equilibrio macroeconómico sea verdaderamente provechoso y equitativo, se precisa de instituciones estatales eficaces, de una gestión pública transparente, de respeto a los derechos humanos, de la participación de todas las decisiones que a todos conciernen y de una creación de una sólida estructura material.
Cuando seamos capaces de tratar esas políticas, o las políticas encaminadas a lograr esos objetivos, será entonces donde estaremos en condiciones propicias para integrarnos e intervenir en la economía mundial en términos competitivos e igualitarios. Y esa es, quiero repetirlo, la actitud que define los propósitos y las esperanzas del actual gobierno de la República Dominicana.
Nuestra presencia en esta Cumbre es una prueba y una ratificación de la fe que tenemos en esta organización, a la cual pertenece la República Dominicana desde el año 1945.
El informe del Secretario General orientado a definir el papel de las Naciones Unidas en el Siglo XXI está animado por una evidente vocación reformadora y democrática. Esto así, porque si bien los principios que informa la Carta de las Naciones Unidas ha demostrado que a través del tiempo su validez y no pocas veces su efectividad, es inevitable admitir, sin embargo, que las estructuras de poder que desde allí se crearon en el año de 1945 no satisfacen las exigencias del desarrollo de las relaciones internacionales surgidas de este proceso de mundialización.
Más que ayer, esta organización debe servirnos hoy para establecer un justo contrapeso entre todos los Estados de la tierra.
Por otra parte, la reforma que requiere la carta de las Naciones Unidas debe tender a que este proceso de mundialización se oriente a favor a todos, logrando así que la solidaridad sea una norma de conducta internacional que coadyuve a la reivindicación de la generalidad del ser humano.
Todos debemos convenir, de que la mayor responsabilidad en este proyecto de reivindicación y en la búsqueda de felicidad de nuestros pueblos, corresponde en primer lugar a nosotros mismos. El Gobierno que hoy dirigimos, no es exagerado decir, que no pocas veces en la historia de ayer y de hoy a nuestras propias culpas se le ha sumado también la complicidad irresponsable de determinados intereses internacionales.
Oportuna se nos presenta la consideración que acabamos de hacer para referirnos en este preciso momento a la situación que encara mútuamente la República de Haití y la República Dominicana.
Hemos dicho, en repetidas veces, que entre estos dos países existe un matrimonio sin divorcio.
Estamos conscientes de que la situación económica por la que atraviese Haití, es la razón fundamental que provoca la inmigración ilegal que diariamente se produce desde ese país hacia nuestro territorio. A este respecto, es preciso que la comunidad internacional esté consciente de que la República Dominicana no tiene las posibilidades que le permitan soportar la carga social que significa la presencia de cientos de miles de nuestros vecinos en la República Dominicana.
Nuestro gobierno hace el mayor esfuerzo posible para enfrentar esa situación con la mejor comprensión, y con el más absoluto respeto a los derechos humanos. Los incidentes que puedan presentarse en la zona fronteriza no responden a una conducta de Estado y podemos asegurar que hemos tomado medidas para solucionar cualquier situación enojosa.
El Gobierno de la República Dominicana está en el mejor ánimo para emprender junto a Haití planes de desarrollo que permitan elevar el nivel de vida de los habitantes de los pueblos de nuestras dos naciones.
La República Dominicana tendrá una ley de migración inspirada en criterios racionales, aplicable a todos los extranjeros, sin distinción alguna de que viva legal o ilegalmente en su territorio, pero la República Dominicana no puede ella sola resolver un problema que nos concierne a todos, y que sólo una decisión y una participación colectiva pueden ayudar a solucionar de manera definitiva.
Reciban pues, estas Naciones Unidas y colegas jefes de Estado, estas palabras, como un llamado dramático a la responsabilidad que a todos nos cabe frente a esta grave realidad.
La hora es pues, ya lo hemos dicho, para la solidaridad, y somos nosotros los gobiernos los que debemos hacernos el juramento de que estas Naciones Unidas frente a este proceso de mundialización se constituirán y serán la garantía de un sano desarrollo material y espiritual de todos los pueblos y un juez implacable contra la violencia, la inseguridad, los prejuicios y la degradación del medio ambiente. Sólo así, solidarios en propósitos y esperanzas, tendremos la paz.
Muchas Gracias.
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